Foto. Rocío Sanz

 

El tratamiento, a menudo demagógico, del derecho que tienen los padres a la elección de la educación que quieren para sus hijos y que, en ocasiones, se pretende traducir en la elección de un determinado centro, no es algo nuevo y se suele reproducir cada cierto tiempo por ciertos colectivos o por responsables políticos asociados a una idea conservadora y clasista de la educación.

Ha ocurrido recientemente en Ceuta a través de un escrito de opinión del gabinete de prensa del Partido Popular que tuvo respuesta por mi parte, así como aprovechado para pescar por parte de UDCE y del PSPC y como elemento de análisis por parte de la prensa.

El requerimiento de la libertad de elección de centro, como si fuera un principio único y absoluto no es, desde luego, ninguna garantía de una educación equitativa y de calidad. Sobre todo, cuando hablamos de centros financiados con fondos públicos y, por tanto, sujetos a una normativa con la que se debe garantizar la igualdad de derechos para todos los niños y niñas. Convendría recordar que no sólo los padres son quienes educan, y que no son sólo los padres los responsables de la educación de sus propios hijos. Convendría recordar también, que es necesario por parte de las familias un compromiso con la educación de todos los niños así como una corresponsabilidad con el profesorado, las administraciones públicas, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, puesto que una educación democrática debe responder a una labor colectiva.

Cuando alguien se empeña en centrar el debate de la educación en el derecho de los padres a la elección de centro, está ignorando el principio básico y democrático de igualdad: todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación de calidad, y la primera obligación de la sociedad es garantizar a todos ese derecho. Quienes reducen el problema de la educación a la libertad de elección de centro –como si todos los padres gozaran de manera efectiva de dicha libertad-, no hacen sino defender que el Estado financie una situación de privilegio, ignorando los efectos desfavorables que semejante actuación puede tener para la convivencia, la cohesión social y la equidad.

Es necesario recordar, asimismo, que un objetivo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) es conseguir una educación equitativa y de calidad para todos. Si ese objetivo es compartido por toda la sociedad, hemos de ponernos de acuerdo sobre los medios más adecuados para conseguirlo.

Si entendemos que la educación debe servir para preservar y representar de forma consecuente una sociedad democrática, entonces la autoridad educativa debe ser compartida por tres agentes sociales: el Estado, las familias y el profesorado. Como dice el conocido proverbio africano: para educar a un niño, se necesita toda la tribu. Si la democracia consiste en la distribución social del poder y no en su concentración autoritaria y dominante, la distribución de la responsabilidad educativa entre los distintos agentes sociales sostendrá la cohesión y la perduración de una sociedad democrática. Sólo cuando toda la sociedad se hace responsable de la educación de sus ciudadanos, puede mantenerse como una sociedad plural y al mismo tiempo cohesionada.

Y esa educación democrática debe incluir, de manera efectiva, la no discriminación. No se puede excluir de la escolarización de ningún centro que esté sostenido con fondos públicos a nadie, por el mero hecho de no compartir nuestras creencias, nuestra forma de vida o nuestro estatus social. No se pueden crear guetos educativos, la escuela no puede ser un lugar de segregación social. Una concepción democrática de la educación debe basarse en la exigencia de compartir los derechos y deberes de la ciudadanía. No sirve la filosofía del sálvese quien pueda.

Resulta triste comprobar cómo mucha gente habla de la excelencia de una sociedad multicultural pero carece, en la práctica, del sentido y el valor de lo compartido, de lo que es común a todos. Impera en esa gente un pensamiento caracterizado por la visión de los intereses individuales, haciendo del más mezquino egoísmo una norma principal de la vida en sociedad. Puede ser ésta una de las razones que lastre al sistema educativo. Porque educar, hay que insistir en ello, es enseñar a compartir, a convivir, a aprender de los otros y a cuidar de todos y de todo lo que nos rodea.

¡Es la educación, amigo!